El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla normal goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Para combatir la falta de tratados de extradición, los países pueden establecer acuerdos informales o prácticas de extradición que permitan la entrega de personas buscadas por la justicia.
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A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia universal marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.
Explica en el país la gente se relaciona a través de una comunicación violenta, que arranca por aniquilar al otro y después victimizarse. “Digo esto porque, si hay un lenguaje que no sea violento, es el de la ficción. La ficción es una tierra de nadie, el lugar en el que caben los soldados de ambos bandos y pueden estar en tregua y darse cuenta de que no tienen razones para have a peek at this web-site matarse. La ficción y en especial la novela son ese lugar, y ya de entrada es un sitio que uno puede llamar neutral”.
Incluso aquellos que están detenidos o bajo custodia policial tienen derechos legales y humanos que deben ser respetados y have a peek at this web-site protegidos.
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En Turquía, la Prisión Preventiva es una medida cautelar utilizada en casos penales para asegurar que el acusado no huya del país o this contact form interfiera en la investigación antes del juicio. Es una medida que se aplica con frecuencia en el país, y que puede tener graves consecuencias para la persona que la sufre, como la pérdida de su libertad, la posibilidad de perder su trabajo y la separación de su familia.
Que exista un tratado de extradición o una convención internacional en la que ambos países sean signatarios
Dicha interpretación es de gran importancia para el derecho internacional en general, y para la extradición en distinct, ya que coadyuva a la uniformidad de las normas que regulan la extradición, las cuales, en esencia son de origen internacional y convencional.
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En Irlanda, la prisión preventiva se rige por la Ley de Justicia Penal de 1967. Esta ley establece que la prisión preventiva solo se puede conceder si el juez cree que hay una alta probabilidad de que el sospechoso no se presente ante la corte o que pueda interferir con la investigación del caso.
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Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio–hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.